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El municipio de Maicao, La Guajira, cuenta con 185.000 habitantes, y una amplia representación multicultural, con más de 48 asentamientos indígenas en su territorio, así como descendientes de antiguas migraciones árabes.
Históricamente, su actividad económica principal ha sido el comercio, gracias a su cercanía con Venezuela. En la década de los años 80, este fenómeno se incrementó debido al auge petrolero. Si bien la migración binacional pendular era algo cotidiano debido al intercambio cultural y comercial, desde el 2015 los flujos migratorios de Venezuela a Colombia aumentaron considerablemente, y las relaciones diplomáticas entre ambos países empezaron a deteriorarse afectando la dinámica territorial.
De los más de 1.8 millones de personas que hoy en día se encuentran en Colombia, en Maicao se concentra el 44% de entradas al territorio nacional, y es el noveno municipio receptor de migrantes con más de 40.000 personas asentadas. (Fuente: Migración Colombia, agosto de 2021).
La llegada masiva de migrantes y la falta de oportunidades laborales en el territorio, así como la escasez en la oferta de bienes y servicios, genera nuevos desafíos y una necesidad primaria de atención interinstitucional.
una conversación
Banco Amable nació de un diálogo entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, la Alcaldía de Maicao y el Secretariado de Pastoral Social con la idea de crear un banco de voluntariado para la población migrante y las comunidades de acogida que agregaba valor al capital humano de los migrantes mientras se contribuía al desarrollo local de las comunidades receptoras. Esto hacía que las personas migrantes aportaran su tiempo y sus capacidades a este banco simbólico, recibieran incentivos a cambio y de esta forma, se generaran dividendos que se devolvían en servicio a la comunidad.
Debido a la gran cantidad de personas migrantes que llegaron al país en un tiempo tan limitado, se focalizó una amplia respuesta humanitaria por parte de la cooperación internacional en zonas de frontera que, si bien era fundamental para atender las necesidades más apremiantes de “los caminantes” y sus familias, no acababa de atender las apuestas de integración de una población con cada vez más vocación de permanencia en el país de acogida.
Adicionalmente, se volvía una prioridad trabajar con la institucionalidad local para coordinar la respuesta de atención a la población migrante, caracterizar el fenómeno y reforzar la oferta institucional para brindar una respuesta equitativa que beneficiara tanto a la población recién llegada como a la comunidad receptora.
Esto por qué además estaba creciendo una sensación generalizada de que los beneficios estaban centrándose en la población migrante y no en los territorios de acogida.
La falta de oportunidades laborales ocasionó que muchos migrantes se dedicaran a las ventas informales (estacionarias, semi estacionarias y ambulantes) en el espacio público, mientras muchos de ellos dormían y habitaban en la plaza principal del municipio.
Esto generó choques con la comunidad, especialmente con los comerciantes y los vecinos, quienes percibían un aumento en la informalidad laboral, la saturación en el uso de bienes públicos y la concentración de basuras.
Situaciones de inseguridad ciudadana, eran cada vez más atribuidas directamente a la población migrante generando un incremento en la xenofobia y en la aporofobia, es decir miedo a la pobreza. Sin embargo, era un tema de percepción, no estaba fundamentado.
Para afrontar esta situación, el PNUD, la Alcaldía de Maicao y otros actores estratégicos decidieron diseñar una estrategia que brindara una atención integral a la población enmarcada en la lógica de intervención de Frontera de Oportunidades. Para implementar esta estrategia se crearon los siguientes tres roles:
Entidades encargadas de diseñar el plan de intervención de Banco Amable, y una vez iniciado el proyecto, se enfocaron en la coordinación, monitoreo y seguimiento. Este es el caso de la Alcaldía de Maicao, el PNUD y el Secretariado de Pastoral Social.
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Actores del sector público, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil que se vincularon al programa a través de diferentes líneas de intervención en pro de articular la oferta institucional.
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Migrantes, retornados, refugiados y población colombiana que se inscribieron al programa y participaron en las acciones comunitarias. Ellos mismos replicaban el trabajo y la información recibida y brindaban acompañamiento sobre derechos y deberes ciudadanos y rutas institucionales a la población recién llegada.
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Se espera con el banco amable 2.0 desarrollar una estrategia temprana de inserción socioeconómica acorde a las necesidades y vocación productiva del territorio, que permita generar incentivos de mercado, brindando al sector empleador beneficios para la contratación. Estos beneficios pueden ser bonos salariales, activos productivos o tecnológicos, acompañamiento y cualificación del personal, entre otros. También se busca brindar incentivos por productividad al migrante o al colombiano vinculado. Esto a la par de que, durante este proceso de inclusión, se brinde acompañamiento al migrante en la mitigación de barreras laborales y el migrante tenga un tiempo prudencial para poder comprender mejor el funcionamiento del Estado y vincularse a rutas de empleabilidad y emprendimiento con un mayor alcance. Este tiempo puede destinarse también a hacer una formación técnica, tecnológica o complementaria, solucionar problemas de inclusión financiera, inscribirse en la página de vacantes laborales del Servicio Público de empleo, proyectar una estrategia de movilidad laboral a otras zonas del país o de la regíon, entre otras.
Banco Amable 2.0 continuará promoviendo redes ciudadanas de personas migrantes y comunidades de acogida en el nivel territorial promocionando además de procesos de inserción sociolaboral, acciones ciudadanas de sensibilización, convivencia pacífica y rescate cultural. Esto implica también formaciones en participación y acción ciudadana, así como en derechos y deberes ciudadanos.
De igual forma, se realizará acompañamiento psicosocial y psico jurídico para apoyar la mitigación de barreras existentes para el migrante a través de procesos de acompañamiento que favorezcan la regularización del estatus migratorio, el acceso a rutas de atención, el acceso a formación para el trabajo, la certificación de competencias laborales, el reconocimiento de los títulos académicos, la vinculación a sistemas de protección social y de inclusión financiera, entre otros.
Se buscará crear mecanismos de gobernanza migratoria que articule actores públicos, privados, sociales, académicos y de cooperación internacional para brindar una respuesta integral de integración y armonizar la oferta con un enfoque, por un lado, de protección y resiliencia hacia los beneficiarios y por otro, de desarrollo económico local integrando las dinámicas socioeconómicas del territorio.
Se realizarán estudios de demanda laboral que permitan comprender mejor las vocaciones productivas del territorio y las demandas laborales existentes entre los sectores productivos más promisorios. Esto permitirá conectar la oferta con la demanda laboral. También identificaremos esos trabajos que permitan brindar una primera experiencia laboral a la población recién llegada y se buscará articular una estrategia de cash-for-productivity a un esquema de remuneración de 3 a 6 meses que brinde incentivos a las personas, pero también al sector empleador para promover una contratación formal a más largo plazo. Esta contratación puede ser un contrato laboral de término fijo, contratos de aprendizaje u contrato de obras y servicios, por dar algunos ejemplos. De igual manera se identificarán las necesidades de proveeduría de bienes y servicios de las empresas y de las instituciones públicas con el fin de fomentar el emprendimiento, identificar oportunidades de trabajo de servicio comunitario y fortalecer unidades productivas que puedan insertarse en los sectores económicos priorizados. Esto en articulación con las entidades correspondientes y en particular, con la red de prestadores del Servicio Público de Empleo que ofrece servicios de empleabilidad en el país.
Partiremos de la elaboración de un perfil sociolaboral y productivo de la población migrante y comunidades priorizadas, identificando su nivel educativo, experiencia laboral, competencias, capacidades e intereses para alinearlos con las necesidades de desarrollo del territorio de acogida. Se acompañará a la persona en la reconstrucción de su proyecto de vida identificando oportunidades y barreras para la integración.